La sede del Departamento de Orden Político y Social de Porto Alegre (DOPS-RS) fue un centro clandestino de detención y tortura de Brasil, ubicado en el estado de Río Grande del Sur, que funcionó entre los años 1964 y 1982.

En Porto Alegre, el edificio de la Secretaría de Seguridad Pública de Río Grande do Sul, conocido como el Palacio de la Policía, se ubicaba en la esquina de las avenidas Ipiranga y João Pessoa.

El DOPS como organismo, había sido creado en 1924, y hasta su disolución ocurrida entre 1982 y 1983, funcionó como un organismo del gobierno con funciones de policía política. Aunque tuvo cambios en su estructura, la constante fue su misión de represión a la disidencia política, en particular comunistas y anarquistas, así como sindicalistas y movimientos sociales.

El golpe de Estado en Brasil de 1964, fue el primero de la región que inició el ciclo de dictaduras, en el marco de la doctrina de la seguridad nacional. Esto implicó en ese país una transformación de su estructura represiva.

Se militarizaron a las Direcciones del DOPS y a sus brazos operativos, y se creó el Servicio Nacional de Informaciones (SIN), con la función de centralizar y planificar la represión. Las Fuerzas Armadas mantuvieron sus propios servicios de inteligencia, que actuaban coordinadamente con el DOPS y el SIN.

El DOPS tenía presencia en cada estado de Brasil y en particular sus sedes de los estados de Río de Janeiro (ubicado en su capital homónima) y Río Grande del Sur (ubicado en su capital, Porto Alegre), tuvieron un rol relevante en la coordinación represiva regional del Plan Cóndor.

En el segundo piso de la sede de Porto Alegre permanecieron secuestrados en noviembre de 1978, los ciudadanos uruguayos Universindo Rodríguez Díaz, Lilián Celiberti y los dos pequeños hijos de ella, Camilo y Francesca. Luego de ser torturados fueron trasladados en forma clandestina a Uruguay.

A Lilián la capturaron en la terminal de buses de Porto Alegre y a Universindo y los niños a la salida de la casa de apartamentos donde vivían. La acción de periodistas, que a partir de la constatación del secuestro comenzaron una investigación pública del secuestro de ella fue clave para su sobrevivencia y para el conocimiento de los hechos y sus responsables.

A fines de 1978 el abogado Omar Ferri presentó una denuncia ante la justicia penal en Porto Alegre relativa al secuestro de los uruguayos. Finalmente, el 3 de marzo de 1979, empezó una investigación  y judicial sobre el caso en el Tercer Tribunal Penal de Porto Alegre. Esta última llevó a la condena en apelación en 1981 del policía brasileno Orandir Portassi Lucas por abuso de autoridad.

Además, el 24 de marzo de 1979 comenzó a funcionar una investigación parlamentaria conocida como “Comissão Parlamentar de Inquérito” impulsada por legisladores de oposición en la en la Asamblea Legislativa de Río Grande del Sur. 

En Uruguay, el 23 febrero de 1984 aún bajo dictadura, Lilián y Universindo presentaron ante la justicia uruguaya la denuncia de sus secuestros. Recién en mayo del año 2018 la fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad solicitó el procesamiento de cuatro de los represores uruguayos involucrados en el operativo, y la justicia aún no emitió sentencia de condena.

El DOPS de Río Grande del Sur fue el primero de estos organismos en ser disuelto, el 27 de mayo de 1982. El Proyecto Marcas de la Memoria de Brasil instaló en 2015 una placa recordatoria en la calle frente al edificio donde funcionó el centro clandestino de detención y tortura.