La casa de dos plantas, ubicada en la calle Rambla República de México de la ciudad de Montevideo, Uruguay, fue un centro clandestino de detención y tortura que comenzó a funcionar en mayo de 1974. El predio se ubica frente a la conocida “Playa de los Ingleses” del barrio de “Punta Gorda”, una zona residencial de la capital del país.

La propiedad fue confiscada por las Fuerzas Conjuntas el 8 de mayo de 1974 al grupo guerrillero Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros,que la había adquirido a principios de ese año para ser utilizada para el funcionamiento de su comisión política, en un intento de reorganización que fue rápidamente desarticulado. Se denominaron Fuerzas Conjuntas a la coordinación en la lucha antisubversiva de las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) y la Policía de Uruguay.

Ese lugar, identificado por decenas de personas que permanecieron allí, fue conocido también como "300 Carlos R" o "Infierno Chico" era operado por el Servicio de Información de Defensa (SID) y prestaban servicio ahí además  efectivos del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA). Los nombres se formularon en relación al “300 Carlos o Infierno Grande”, un centro clandestino de detención y tortura de mayor tamaño que comenzó a funcionar recién en 1975.

La casa de Punta Gorda habría sido el primero de decenas de centros clandestinos que fueron operados por el SID en Uruguay. No se sabe con certeza cuántas personas, integrantes de diferentes grupos políticos, permanecieron allí por semanas o meses antes de ser trasladados a otros centros clandestinos.

Las personas secuestradas eran ingresadas al centro clandestino dentro de vehículos por el garaje y a través de una angosta escalera eran subidas hacia la planta alta, donde principalmente se mantenía a los hombres y en la planta baja a las mujeres. Los testimonios señalan que en el lugar se torturaba durante todo el día pero especialmente en la noche en que se encendía una radio a todo volumen que de todas formas era insuficiente para disimular los gritos. Las personas secuestradas permanecían encapuchadas o con los ojos vendados y se practicaba la tortura principalmente con colgamientos en un patio, la picana eléctrica y la técnica de ahogamiento conocida como el “submarino”, en un tacho y en la bañera del baño principal.

Un sobreviviente del secuestro de siete uruguayos en Buenos Aires en noviembre de 1974 y su posterior traslado clandestino, en el operativo que se conoce como “los fusilados de Soca”, reconoció a la casona como el lugar donde permanecieron recluidos al llegar a Uruguay.

En octubre de 1975 a la casona fueron llevados decenas de secuestrados militantes del Partido Comunista Uruguayo en lo que se conoce como “operación Morgan”, desde donde se los trasladó a otros centros clandestinos. La cantidad de personas en determinado momento fue tal que se debió comenzar a utilizar un lugar más amplio, de esa forma se ocupó un galpón dentro de un predio militar, el que se conoció como “300 Carlos” o “Infierno Grande”.

Enrique Rodríguez Larreta, periodista uruguayo secuestrado en Buenos Aires en julio de 1976, al sobrevivir y ser liberado presentó una denuncia internacional pública ante Amnesty Internacional, en Londres en marzo de 1977. En dicha denuncia relató su secuestro y traslado clandestino a Uruguay junto a una veintena de personas entre las que se encontraba su hijo. En ese grupo la mayoría eran militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) y al primer lugar donde fueron conducidos al llegar a Montevideo fue la “casona de Punta Gorda” en donde permanecieron unos veinte días antes de ser llevados a otro centro de tortura.

Se estima que de los cientos de víctimas del lugar, treinta y cinco lo fueron en el marco de los operativos de coordinación transnacional del Plan Cóndor. 

En 1983, aún bajo la dictadura militar, el Ministerio de Defensa Nacional vendió el inmueble a través de una licitación pública a la esposa de un militar de alto rango de la Armada uruguaya que en el mismo día lo vendió a otra persona familiar de un ex diputado colorado vinculado a grupos de extrema derecha.

En 2014 frente a la casa se ubicó una señalización como un lugar de memoria. La propiedad de más de seiscientos metros cuadrados continúa siendo una lujosa residencia particular.