El Informe, constituye un documento clave para comprender el alcance y la sistematicidad de la represión estatal durante la dictadura cívico-militar en Uruguay. Publicado en 1983, el informe recoge los hallazgos de una misión internacional realizada en Montevideo en abril de ese año, así como un memorándum dirigido al Poder Ejecutivo el 26 de julio de 1983.
A partir de entrevistas, documentación y verificación de casos, el informe analiza en profundidad los procedimientos de detención, las desapariciones forzadas, el uso de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como las muertes en custodia. Asimismo, examina la situación de las personas consideradas “presas de conciencia” y las condiciones de reclusión en los principales establecimientos militares, en particular el Penal de Libertad y el Penal de Punta de Rieles.
Uno de los aportes centrales del informe es el estudio del funcionamiento del sistema legal y judicial bajo el régimen autoritario. Se detallan las restricciones al derecho de defensa, el uso sistemático de la detención incomunicada, la aplicación de medidas prontas de seguridad y la intervención de la justicia militar sobre civiles, en abierta contradicción con las garantías previstas en la Constitución y en los estándares internacionales.
El documento dedica un apartado específico a las desapariciones forzadas, tanto dentro del territorio uruguayo como de personas uruguayas secuestradas en Argentina, subrayando la obligación del Estado de investigar su destino y responsabilidades, así como la articulación represiva regional. El informe concluye con un conjunto de recomendaciones dirigidas a las autoridades, orientadas a restablecer las garantías jurídicas, poner fin a la tortura y asegurar el respeto efectivo de los derechos humanos, constituyéndose en una referencia fundamental para los procesos de memoria, verdad y justicia.