En América del Sur, regímenes autoritarios ideológicamente inspirados por la Doctrina de Seguridad Nacional se extendieron a lo largo y ancho de la región en el contexto geopolítico de la Guerra Fría. La creciente organización de sindicatos, de gremios de estudiantes, de movimientos campesinos con reclamos de mejores condiciones de vida y trabajo, se enfrentaron a fuerzas conservadoras y grupos parapoliciales y paramilitares violentos. En un contexto global polarizado, la formación de grupos guerrilleros e insurreccionales en el sur fue vista con intensa preocupación por intereses empresariales y de grandes propietarios de la tierra, que intentaron mantener sus privilegios. El accionar represivo se presentó como necesario ante el riesgo del comunismo y el desorden social.
Una sucesión de golpes de Estado con protagonismo militar y con participación de grupos de poder económico, buscaron frenar la organización de sectores populares y eliminar a quienes los lideraron y los conformaron. Estos avances autoritarios tuvieron sus hitos iniciales con el golpe de Estado de Paraguay en 1954 y de Brasil en 1964.
Desde comienzos de los años 1970, la represión política que se venía desarrollando dentro de cada país adquirió progresivamente una dimensión regional con operativos de coordinación para la identificación, persecución de disidentes políticos fuera de sus países de orígen, así como para el traslado clandestino y asesinato de personas.
En forma consecutiva se produjeron los golpes de Estado en Bolivia en 1971 y en Uruguay y Chile en 1973.
Entre 1973 y 1975 el grupo de extrema derecha "Alianza Anticomunista Argentina", conocida como Triple A, planificó y ejecutó el secuestro y asesinato de cientos de personas. A fines de febrero del año 1974 los jefes de fuerzas policiales de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay se reunieron en Buenos Aires, con el objetivo de intercambiar información y conocimiento sobre los grupos disidentes de sus respectivos países. Varios agentes policiales ya actuaban de forma clandestina fuera de sus fronteras nacionales, con el apoyo y complicidad de autoridades policiales.
Varias acciones de secuestro, tortura y asesinato extra judicial se produjeron en los años previo a la instalación formal del Plan Cóndor, que ocurrirá recién a fines de noviembre de 1975.
Argentina, que había resultado en un país de asilo y refugio para perseguidos políticos, si bien participó desde principio de los setenta en acciones represivas regionales profundizó su accionar luego del golpe de 1976.